MEDIO AMBIENTE Y EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
De acuerdo a cifras del ministerio de medio ambiente, y de instituciones como el instituto Von Humboldt, Colombia ocupa el segundo lugar en biodiversidad del planeta. El país posee entre el 10% y el 14% de la diversidad del planeta en una superficie equivalente al 0.8% de las tierras emergidas del mundo (114’174.800 Has).
Colombia tiene entre 45.000 y 50.000 especies de plantas vasculares; también contamos con el mayor número de especies de palmas en el mundo (258 especies). Entre ellas está la Palma de cera del Quindío (Ceroxylon quindiuense), que es el árbol nacional.
En Colombia habitan 1.815 especies de aves equivalentes al 19% de las especies en el mundo y al 60 % de las especies en Sudamérica, esta variedad ubica al país en el primer lugar a nivel mundial. De otro lado existen 30 especies de primates que ubican a Colombia en el quinto lugar del contexto internacional.
Se han reportado 2.890 especies de vertebrados lo que coloca al país en un tercer lugar a nivel mundial; la alta representación de mamíferos con 456 especies reportadas, ubica a Colombia en cuarto lugar en el mundo.
Existen 222 especies de saurios en el territorio nacional, y es el tercer país en el mundo con mayor número de especies de reptiles. Otro de los grupos zoológicos que ubica al país en un primer lugar mundial son los anfibios con 583 especies identificadas. En sus aguas continentales, Colombia tiene cerca de dos terceras partes de las 3.000 especies de peces descubiertos a escala mundial. A lo largo de sus 3.000 Km. de litoral en los dos océanos y en sus sistemas insulares, Colombia posee 6.600 millones de Has. en ecosistemas marinos y costeros que cubren el 95% de la plataforma continental, también existen diversos y productivos tipos de ecosistemas marino-costeros, tales como arrecifes coralinos, bosques de manglar, del cual existen 379.954 Has que representan el (2,2%) de las 17 millones de hectáreas en el mundo, lagunas costeras y deltas, praderas de fanerógamas, sistemas de playas y acantilados. Ellos proveen diversidad de bienes y servicios que sostienen las actividades económicas tales como pesca, actividad portuaria y de transporte, agricultura, industria y turismo, así como los diversos usos tradicionales de las comunidades locales.
La superficie de Colombia está cubierta por 53 millones de hectáreas de bosques naturales, 22 millones cubiertas por sabanas, zonas áridas y humedales y un millón por aguas continentales, picos de nieve y asentamientos urbanos. Por lo menos 38 millones de hectáreas se encuentran bajo uso agrícola y procesos de colonización. Nuestro país presenta una precipitación pluvial dos veces superior a la de América Latina, con 1.600 mm. Posee más de 1.500 ríos permanentes, con 1.636 lagos, lagunas y embalses.
Hace mucho que se sabe que la Biodiversidades un factor de la función de producción, de hecho es un recurso estratégico debido a que las tecnologías de punta hacen uso de ésta, y todo esto esta seriamente amenazado no solo por el conflicto interno que vivimos actualmente, también influye los cultivos ilícitos y su acción erosiva sobre muchos ecosistemas estratégicos, por ejemplo los paramos. Tenemos otro punto neurálgico en los diferentes atentados a los oleoductos y su impacto sobre el recurso hídrico y como genera entre otras problemas la contaminación transfronteriza. Y de otra parte el desplazamiento forzado (donde se dan cifras de cerca de 3.500.000 Colombianos desplazados) que hace que las poblaciones se asienten en áreas donde no es idóneo el proceso de urbanización, generando problemas sociales además de aumentando el impacto ambiental sobre el territorio urbano.
Es claro que:
Cerca del 73% de los cultivos ilícitos están sembrados cerca de cañadas y ríos.
Más de 650 millones de litros de petróleo han sido derramados sobre el ecosistema por culpa de los atentados terroristas.
Los daños que el narcotráfico y el terrorismo de las Farc, el Eln y las Auc, generan sobre el recurso hídrico son daños incalculables en términos medioambientales, son daños que difícilmente permitirán a las futuras generaciones tener un uso sostenible de este recurso y lo preocupante es que la tendencia de afectación en lugar de disminuir va en ascenso. Y eso que estamos considerados la cuarta reserva hídrica del planeta.
Es claro que mas que una amenaza los grupos terroristas y el narcotráfico vienen llevando a cabo un impacto abrasivo sobre nuestros recursos hídricos por causa de la deforestación, la contaminación y los ataques terroristas y todo esto esta poniendo en riesgo la supervivencia de los colombianos y el futuro de la humanidad, esto ya es insostenible.
Otro fenómeno de alto impacto medio ambiental es el cultivo y la producción de narcóticos, esto representa una seria amenaza para el entorno en la región andina y el sector selvático del sur del país. Los cultivadores de las plantas narcóticas, tiende a ubicar estos cultivos en zonas selváticas alejadas, casi siempre en terrenos montañosos y empinados. Para poder preparar el terreno los bosques son arrasados y quemados antes de sembrar la coca. Debido a la poca fertilidad y a la necesidad de evadir a las autoridades, los campos se abandonan después de dos o tres siembras y se abren nuevos campos selva adentro. Y el daño queda realizado y volver a recuperar este espacio natural tarda más de 50 años.
Esta mala práctica acelera la deforestación y destruye, entre otros, recursos madereros que de otra manera podrían estar disponibles para un uso sostenible de la tierra selvática. Es claro que la práctica recurrente de sembrar en un suelo tan frágil puede llevar rápidamente al deterioro ambiental y al agotamiento de los recursos naturales, especialmente a la erosión del suelo y a la pérdida de la capa superior y la sedimentación río abajo.
Se sabe que el procesamiento de alcaloides se realiza con una gran variedad de precursores químicos como el ácido sulfúrico, la acetona, y el éter entre otros, y que son vertidos a los suelos y ríos. Estas sustancias químicas erosionan rápidamente el suelo y por consiguiente constituyen una carga de sedimentos en los cauces de los ríos y quebradas, lo que disminuye la capacidad de drenaje y riego, aumentando la frecuencia de inundaciones, y constituyendo en una amenaza para las comunidades que se asientan en las riveras de los ríos.
Estos químicos causan también daño a la fauna y a la flora, directa o indirectamente, por medio de la cadena alimenticia. Generan también disminución del contenido de oxígeno en el agua, lo que conlleva a la perdida de biodiversidad en el medio acuático. Y luego esto por diversos procesos pasa a afectar al hombre que consuma productos animales o vegetales provenientes de esta contaminada cadena alimenticia conllevando el riesgo de que pasen al cuerpo humano diversos agente agentes cancerígenos y mutagénicos.
La Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional contabilizó que el 73% de las 102.071 hectáreas de cultivos ilícitos existentes en el país, están ubicadas cerca de grandes cuencas hidrográficas como las de los ríos Putumayo y Caquetá; Así mismo, se tiene que entre 1990 y 2000 se deforestaron 1`361.475 hectáreas de bosque Húmedo Tropical.
Los narcotraficantes, a través de sus cultivos, han hecho presencia, inclusive, en los Parques Nacionales Naturales de Colombia. Para el año 2000 se calculaba un total de 4.660 hectáreas de coca y 199 de amapola en estos parques, con una destrucción de bosque de 14.500 hectáreas para su instalación. Y a pesar de los planes de erradicación las cifras se han mantenido y en algunas zonas ha aumentado.
Entre otros parques naturales afectados tenemos: Parque de los Picachos, ubicado en los municipios de Tello ( Huila), y San Vicente del Caguán ( Caquetá). Tiene 439 mil hectáreas y posee 25 cascadas de 300 metros de altura en la cuenca del río Pato. La serranía de la Macarena, considerada por los científicos del mundo como uno de los sitios de más alta biodiversidad en el planeta. El páramo del Sumapaz, lugar de nacimiento de varios ríos de la región del Orinoco y de múltiples afluentes del Magdalena; además, contiene numerosas lagunas y grandes escarpes que constituyen nidos hidrográficos donde se originan los ríos Cabrera, Sumapaz y Gaupe.
Al igual que el Macizo colombiano, la zona del Sumapaz, es otro punto estratégico para el desarrollo de las operaciones de las Farc. En la actualidad ésta región es un corredor natural que comunica a los departamentos de Caquetá y Meta con Bogotá, por el que transitan y acampan varios frentes y columnas móviles de las Farc, rutas que claramente rompen el equilibrio natural, con la apertura de trincheras, la tala de flora y la utilización de árboles en crecimiento para la construcción de cambuches.
Se presenta también la compleja problemática del desplazamiento forzado. Se calcula que desde el año 1995, 3,5 millones de personas han sido desplazadas de sus territorios. Esta cifra implica el despoblamiento de los campos productivos en el país, que en su mayoría son medianas y pequeñas extensiones. El acumulado de experiencias de adaptación al territorio, mediante las cuales los campesinos alimentaban a todo el país se pierde y va a parar a los cinturones de miseria de las grandes ciudades; la pérdida del conocimiento popular del territorio es sumamente grave, considerando que son experiencias fundamentales a la hora de plantear nuevas maneras de relacionarse con el entorno natural.
Y que decir a los atentados a los acueductos, de acuerdo a información del ministerio de defensa nacional, el 20 de enero de 2002, guerrilleros del Frente 53 de las Farc activaron una carga explosiva contra la válvula de seguridad de la presa Golillas, del embalse de Chingaza, que surte de agua potable a más de 7 millones de habitantes de Bogotá. Las consecuencias del atentado terrorista no fueron mayores, gracias a la rápida intervención de la Fuerza Pública y de los técnicos del acueducto. Sin embargo, técnicamente, el 'vaciado rápido' de una represa como la de Chingaza, hubiera provocado una avalancha de proporciones gigantescas que habría destruido la cuarta parte de Villavicencio, capital del Meta.
15 días después, terroristas del Eln dinamitaron la bocatoma del acueducto de Pailitas, una población de 20 mil habitantes del Cesar, que quedó sin el servicio de agua por este demencial atentado. Esta acción terrorista violó doblemente las normas del Derecho Internacional Humanitario, pues los subversivos además de destruir un bien indispensable para la población civil, sembraron minas antipersonal con las que causaron heridas a seis obreros que llegaron al lugar para superar la emergencia.
Poco después y a pesar de las peticiones y acciones de la población civil en contra de los atentados, el 15 de marzo de 2002, el acueducto de Carmen de Bolívar en Cartagena fue atacado con explosivos y tuvo en vilo a cerca de 900.000 habitantes de la región.
El 13 de enero de 2003 un nuevo atentado contra otro acueducto sucedió esta vez en la vereda El Tambor, jurisdicción de San Carlos Antioquia. Por tres días el servicio de agua potable fue suspendido, afectando a sus 1.000 habitantes, todos ellos humildes campesinos. Finalmente el 18 de febrero de este mismo año, la oportuna acción de la Policía Nacional logró neutralizar un atentado contra el acueducto de Manizales que pretendían hacer terroristas de las Farc.
El Derecho Internacional Humanitario señala que quienes se encuentran en una confrontación deben proteger el medio ambiente, absteniéndose de emplear métodos de hacer la guerra que produzcan daños extensos, duraderos y graves a la naturaleza y que afecten la salud o supervivencia de la población civil. El artículo 15 del protocolo II, dice: “se protege las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas (presas, diques y centrales nucleares de energía eléctrica). Por eso, prohíbe expresamente que esas instalaciones sean atacadas si con esto se puede producir la liberación de tales fuerzas y causar pérdidas importantes en la población civil”.
Aunque las Farc no reconocen este tipo de convenios internacionales, sí han declarado que sus acciones no están encaminadas a atentar contra los civiles. Sin embargo, los ataques a la infraestructura de agua, afecta directamente a la población.
De otra parte están los atentados a los oleoductos. Según la Compañía Colombina de Petróleos, Ecopetreol, en los últimos 15 años sólo el oleoducto Caño Limón-Coveñas ha sufrido más de 900 atentados terroristas, lo que condujo a un derramamiento de más de 450 millones de litros de petróleo en el medio ambiente. Y remediar esto en termino ecológicos es bien complejo y difícilmente se recupera el medio natural.
Investigaciones realizadas por expertos ecologistas y el Ministerio del Medio Ambiente, afirman que como consecuencia de estos atentados están amenazadas, además de la cuenca del Río Arauca, fuentes de agua tan importantes como los ríos Catatumbo, Magdalena, Tarra, Tibú, Ité y Putumayo.
De acuerdo con un estudio del mismo Ministerio, 2.600 kilómetros de ríos y quebradas han recibido el impacto de derrames de crudo como consecuencia de los atentados guerrilleros. Igualmente, alrededor de 1.600 hectáreas de ciénagas han sido contaminadas por estas acciones violentas.
Sólo en 1998, subversivos del Eln ocasionaron el más grande derrame de crudo en aguas continentales del mundo, con un volumen superior a los 14`787.000 litros de petróleo, tragedia comparable con el accidente del buque petrolero "Exxon Valdez", que vertió en las aguas de Alaska, 42 millones de litros del crudo el 24 de marzo de 1989.
Dadas estas circunstancias los daños a las fuentes hídricas, suelos, aire, fauna y vegetación son prácticamente irremediables, pues los procesos de descontaminación no alcanzan a cubrir todas las áreas afectadas y se realizan mucho tiempo después de que el crudo ha penetrado el ecosistema.
Estas acciones también son condenadas por el Derecho Internacional Humanitario: "Lo que resulta prohibido por la normativa humanitaria es combatir empleando deliberadamente medios o métodos con los cuales se produzcan daños al entorno natural o cuyo resultado previsible sea la provocación de tales perjuicios" (Hans Blix, "Medios y métodos de combate", en: Las dimensiones internacionales del Derecho Humanitario, Ed. Tecnos, Madrid, 1990, p. 157).
En el caso particular de Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró: “las voladuras de oleoductos por parte de los grupos guerrilleros como infracciones al Derecho Internacional Humanitario, materializados en ataques indiscriminados contra los bienes civiles, cuyos efectos sobre la salud y supervivencia de la población civil y sobre la conservación de los recursos naturales son imposibles de restringir y de cuya utilización no puede desprenderse una ventaja militar clara y definida.
Los ecosistemas destruidos difícilmente serán recuperados y las aguas afectadas por más depuraciones que se le realicen no volverán a su estado natural. Y mientras estas acciones terroristas no se acaben las generaciones futuras no tendrán ni siquiera la opción de disfrutar un medio ambiente sano y tanta riqueza natural poco a poco se ira perdiendo. Así el panorama es bastante desalentador y de verdad se necesita de forma inmediata acciones de cambio, acciones de conservación y no simplemente intenciones. Tenemos ante nosotros un enorme reto y demasiados agentes con diferentes tipos de interés, y tristemente poco interés por velar por el patrimonio ambiental de los colombianos.
BIBLIOGRAFIA
RICR, n° 133, enero-febrero de 1996, pp. 60-62. Para el texto de la Declaración Final de la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra, véase RICR, n° 119, julio-agosto de 1993, pp. 398-402 y, para las Recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos para la Protección de las Víctimas de la Guerra, véase RICR, n° 127, enero-febrero de 1995, pp. 36-42.
A. Bouvier, «La protección del medio ambiente en período de conflicto armado», RICR, n° 108, noviembre-diciembre de 1991, pp. 603-616, y «Trabajos recientes sobre la protección del medio ambiente en período de conflicto armado», RICR, n° 114, noviembre-diciembre de 1992, pp. 585-599.
«Trabajos recientes sobre la protección del medio ambiente en período de conflicto armado» (nota 2), p. 599.
Véanse los artículos de A. Bouvier (nota 2) y el informe, más reciente, de H. P. Gasser, «For a better protecfion of the natural environment in armed conflict: a proposal for action», American Journal of International Law, 1995, vol. 89, pp. 637-644.
AG res. 49/50, de 9 de diciembre de 1994. Las Directrices figuran en anexo al documento de las Naciones Unidas A/49/323 (1994). Véase H. P. Gasser (nota 4).
Panorama actual de la región del Sumapaz. Fondo de Inversión para la paz. Vicepresidencia de la República de Colombia
Reichel, D. E. (1999). Cognopirateria y tráfico del conocimiento. Ciencias sociales en la Amazonía colombiana: guerra, etnicidad y conocimiento. Bogotá, Comisión Regional de Ciencia y Tecnología de la Amazonia: 143-201.
Hernández, S. Desconocimiento del potencial estratégico de la biodiversidad. Informe nacional sobre el estado de la biodiversidad. Tomo II. Instituto Alexander von Humboldt PNUMA, Ministerio del Medio Ambiente. Bogotá. 1997.
Información Ministerio de Defensa y Policía Nacional. 2005
De acuerdo a cifras del ministerio de medio ambiente, y de instituciones como el instituto Von Humboldt, Colombia ocupa el segundo lugar en biodiversidad del planeta. El país posee entre el 10% y el 14% de la diversidad del planeta en una superficie equivalente al 0.8% de las tierras emergidas del mundo (114’174.800 Has).
Colombia tiene entre 45.000 y 50.000 especies de plantas vasculares; también contamos con el mayor número de especies de palmas en el mundo (258 especies). Entre ellas está la Palma de cera del Quindío (Ceroxylon quindiuense), que es el árbol nacional.
En Colombia habitan 1.815 especies de aves equivalentes al 19% de las especies en el mundo y al 60 % de las especies en Sudamérica, esta variedad ubica al país en el primer lugar a nivel mundial. De otro lado existen 30 especies de primates que ubican a Colombia en el quinto lugar del contexto internacional.
Se han reportado 2.890 especies de vertebrados lo que coloca al país en un tercer lugar a nivel mundial; la alta representación de mamíferos con 456 especies reportadas, ubica a Colombia en cuarto lugar en el mundo.
Existen 222 especies de saurios en el territorio nacional, y es el tercer país en el mundo con mayor número de especies de reptiles. Otro de los grupos zoológicos que ubica al país en un primer lugar mundial son los anfibios con 583 especies identificadas. En sus aguas continentales, Colombia tiene cerca de dos terceras partes de las 3.000 especies de peces descubiertos a escala mundial. A lo largo de sus 3.000 Km. de litoral en los dos océanos y en sus sistemas insulares, Colombia posee 6.600 millones de Has. en ecosistemas marinos y costeros que cubren el 95% de la plataforma continental, también existen diversos y productivos tipos de ecosistemas marino-costeros, tales como arrecifes coralinos, bosques de manglar, del cual existen 379.954 Has que representan el (2,2%) de las 17 millones de hectáreas en el mundo, lagunas costeras y deltas, praderas de fanerógamas, sistemas de playas y acantilados. Ellos proveen diversidad de bienes y servicios que sostienen las actividades económicas tales como pesca, actividad portuaria y de transporte, agricultura, industria y turismo, así como los diversos usos tradicionales de las comunidades locales.
La superficie de Colombia está cubierta por 53 millones de hectáreas de bosques naturales, 22 millones cubiertas por sabanas, zonas áridas y humedales y un millón por aguas continentales, picos de nieve y asentamientos urbanos. Por lo menos 38 millones de hectáreas se encuentran bajo uso agrícola y procesos de colonización. Nuestro país presenta una precipitación pluvial dos veces superior a la de América Latina, con 1.600 mm. Posee más de 1.500 ríos permanentes, con 1.636 lagos, lagunas y embalses.
Hace mucho que se sabe que la Biodiversidades un factor de la función de producción, de hecho es un recurso estratégico debido a que las tecnologías de punta hacen uso de ésta, y todo esto esta seriamente amenazado no solo por el conflicto interno que vivimos actualmente, también influye los cultivos ilícitos y su acción erosiva sobre muchos ecosistemas estratégicos, por ejemplo los paramos. Tenemos otro punto neurálgico en los diferentes atentados a los oleoductos y su impacto sobre el recurso hídrico y como genera entre otras problemas la contaminación transfronteriza. Y de otra parte el desplazamiento forzado (donde se dan cifras de cerca de 3.500.000 Colombianos desplazados) que hace que las poblaciones se asienten en áreas donde no es idóneo el proceso de urbanización, generando problemas sociales además de aumentando el impacto ambiental sobre el territorio urbano.
Es claro que:
Cerca del 73% de los cultivos ilícitos están sembrados cerca de cañadas y ríos.
Más de 650 millones de litros de petróleo han sido derramados sobre el ecosistema por culpa de los atentados terroristas.
Los daños que el narcotráfico y el terrorismo de las Farc, el Eln y las Auc, generan sobre el recurso hídrico son daños incalculables en términos medioambientales, son daños que difícilmente permitirán a las futuras generaciones tener un uso sostenible de este recurso y lo preocupante es que la tendencia de afectación en lugar de disminuir va en ascenso. Y eso que estamos considerados la cuarta reserva hídrica del planeta.
Es claro que mas que una amenaza los grupos terroristas y el narcotráfico vienen llevando a cabo un impacto abrasivo sobre nuestros recursos hídricos por causa de la deforestación, la contaminación y los ataques terroristas y todo esto esta poniendo en riesgo la supervivencia de los colombianos y el futuro de la humanidad, esto ya es insostenible.
Otro fenómeno de alto impacto medio ambiental es el cultivo y la producción de narcóticos, esto representa una seria amenaza para el entorno en la región andina y el sector selvático del sur del país. Los cultivadores de las plantas narcóticas, tiende a ubicar estos cultivos en zonas selváticas alejadas, casi siempre en terrenos montañosos y empinados. Para poder preparar el terreno los bosques son arrasados y quemados antes de sembrar la coca. Debido a la poca fertilidad y a la necesidad de evadir a las autoridades, los campos se abandonan después de dos o tres siembras y se abren nuevos campos selva adentro. Y el daño queda realizado y volver a recuperar este espacio natural tarda más de 50 años.
Esta mala práctica acelera la deforestación y destruye, entre otros, recursos madereros que de otra manera podrían estar disponibles para un uso sostenible de la tierra selvática. Es claro que la práctica recurrente de sembrar en un suelo tan frágil puede llevar rápidamente al deterioro ambiental y al agotamiento de los recursos naturales, especialmente a la erosión del suelo y a la pérdida de la capa superior y la sedimentación río abajo.
Se sabe que el procesamiento de alcaloides se realiza con una gran variedad de precursores químicos como el ácido sulfúrico, la acetona, y el éter entre otros, y que son vertidos a los suelos y ríos. Estas sustancias químicas erosionan rápidamente el suelo y por consiguiente constituyen una carga de sedimentos en los cauces de los ríos y quebradas, lo que disminuye la capacidad de drenaje y riego, aumentando la frecuencia de inundaciones, y constituyendo en una amenaza para las comunidades que se asientan en las riveras de los ríos.
Estos químicos causan también daño a la fauna y a la flora, directa o indirectamente, por medio de la cadena alimenticia. Generan también disminución del contenido de oxígeno en el agua, lo que conlleva a la perdida de biodiversidad en el medio acuático. Y luego esto por diversos procesos pasa a afectar al hombre que consuma productos animales o vegetales provenientes de esta contaminada cadena alimenticia conllevando el riesgo de que pasen al cuerpo humano diversos agente agentes cancerígenos y mutagénicos.
La Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional contabilizó que el 73% de las 102.071 hectáreas de cultivos ilícitos existentes en el país, están ubicadas cerca de grandes cuencas hidrográficas como las de los ríos Putumayo y Caquetá; Así mismo, se tiene que entre 1990 y 2000 se deforestaron 1`361.475 hectáreas de bosque Húmedo Tropical.
Los narcotraficantes, a través de sus cultivos, han hecho presencia, inclusive, en los Parques Nacionales Naturales de Colombia. Para el año 2000 se calculaba un total de 4.660 hectáreas de coca y 199 de amapola en estos parques, con una destrucción de bosque de 14.500 hectáreas para su instalación. Y a pesar de los planes de erradicación las cifras se han mantenido y en algunas zonas ha aumentado.
Entre otros parques naturales afectados tenemos: Parque de los Picachos, ubicado en los municipios de Tello ( Huila), y San Vicente del Caguán ( Caquetá). Tiene 439 mil hectáreas y posee 25 cascadas de 300 metros de altura en la cuenca del río Pato. La serranía de la Macarena, considerada por los científicos del mundo como uno de los sitios de más alta biodiversidad en el planeta. El páramo del Sumapaz, lugar de nacimiento de varios ríos de la región del Orinoco y de múltiples afluentes del Magdalena; además, contiene numerosas lagunas y grandes escarpes que constituyen nidos hidrográficos donde se originan los ríos Cabrera, Sumapaz y Gaupe.
Al igual que el Macizo colombiano, la zona del Sumapaz, es otro punto estratégico para el desarrollo de las operaciones de las Farc. En la actualidad ésta región es un corredor natural que comunica a los departamentos de Caquetá y Meta con Bogotá, por el que transitan y acampan varios frentes y columnas móviles de las Farc, rutas que claramente rompen el equilibrio natural, con la apertura de trincheras, la tala de flora y la utilización de árboles en crecimiento para la construcción de cambuches.
Se presenta también la compleja problemática del desplazamiento forzado. Se calcula que desde el año 1995, 3,5 millones de personas han sido desplazadas de sus territorios. Esta cifra implica el despoblamiento de los campos productivos en el país, que en su mayoría son medianas y pequeñas extensiones. El acumulado de experiencias de adaptación al territorio, mediante las cuales los campesinos alimentaban a todo el país se pierde y va a parar a los cinturones de miseria de las grandes ciudades; la pérdida del conocimiento popular del territorio es sumamente grave, considerando que son experiencias fundamentales a la hora de plantear nuevas maneras de relacionarse con el entorno natural.
Y que decir a los atentados a los acueductos, de acuerdo a información del ministerio de defensa nacional, el 20 de enero de 2002, guerrilleros del Frente 53 de las Farc activaron una carga explosiva contra la válvula de seguridad de la presa Golillas, del embalse de Chingaza, que surte de agua potable a más de 7 millones de habitantes de Bogotá. Las consecuencias del atentado terrorista no fueron mayores, gracias a la rápida intervención de la Fuerza Pública y de los técnicos del acueducto. Sin embargo, técnicamente, el 'vaciado rápido' de una represa como la de Chingaza, hubiera provocado una avalancha de proporciones gigantescas que habría destruido la cuarta parte de Villavicencio, capital del Meta.
15 días después, terroristas del Eln dinamitaron la bocatoma del acueducto de Pailitas, una población de 20 mil habitantes del Cesar, que quedó sin el servicio de agua por este demencial atentado. Esta acción terrorista violó doblemente las normas del Derecho Internacional Humanitario, pues los subversivos además de destruir un bien indispensable para la población civil, sembraron minas antipersonal con las que causaron heridas a seis obreros que llegaron al lugar para superar la emergencia.
Poco después y a pesar de las peticiones y acciones de la población civil en contra de los atentados, el 15 de marzo de 2002, el acueducto de Carmen de Bolívar en Cartagena fue atacado con explosivos y tuvo en vilo a cerca de 900.000 habitantes de la región.
El 13 de enero de 2003 un nuevo atentado contra otro acueducto sucedió esta vez en la vereda El Tambor, jurisdicción de San Carlos Antioquia. Por tres días el servicio de agua potable fue suspendido, afectando a sus 1.000 habitantes, todos ellos humildes campesinos. Finalmente el 18 de febrero de este mismo año, la oportuna acción de la Policía Nacional logró neutralizar un atentado contra el acueducto de Manizales que pretendían hacer terroristas de las Farc.
El Derecho Internacional Humanitario señala que quienes se encuentran en una confrontación deben proteger el medio ambiente, absteniéndose de emplear métodos de hacer la guerra que produzcan daños extensos, duraderos y graves a la naturaleza y que afecten la salud o supervivencia de la población civil. El artículo 15 del protocolo II, dice: “se protege las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas (presas, diques y centrales nucleares de energía eléctrica). Por eso, prohíbe expresamente que esas instalaciones sean atacadas si con esto se puede producir la liberación de tales fuerzas y causar pérdidas importantes en la población civil”.
Aunque las Farc no reconocen este tipo de convenios internacionales, sí han declarado que sus acciones no están encaminadas a atentar contra los civiles. Sin embargo, los ataques a la infraestructura de agua, afecta directamente a la población.
De otra parte están los atentados a los oleoductos. Según la Compañía Colombina de Petróleos, Ecopetreol, en los últimos 15 años sólo el oleoducto Caño Limón-Coveñas ha sufrido más de 900 atentados terroristas, lo que condujo a un derramamiento de más de 450 millones de litros de petróleo en el medio ambiente. Y remediar esto en termino ecológicos es bien complejo y difícilmente se recupera el medio natural.
Investigaciones realizadas por expertos ecologistas y el Ministerio del Medio Ambiente, afirman que como consecuencia de estos atentados están amenazadas, además de la cuenca del Río Arauca, fuentes de agua tan importantes como los ríos Catatumbo, Magdalena, Tarra, Tibú, Ité y Putumayo.
De acuerdo con un estudio del mismo Ministerio, 2.600 kilómetros de ríos y quebradas han recibido el impacto de derrames de crudo como consecuencia de los atentados guerrilleros. Igualmente, alrededor de 1.600 hectáreas de ciénagas han sido contaminadas por estas acciones violentas.
Sólo en 1998, subversivos del Eln ocasionaron el más grande derrame de crudo en aguas continentales del mundo, con un volumen superior a los 14`787.000 litros de petróleo, tragedia comparable con el accidente del buque petrolero "Exxon Valdez", que vertió en las aguas de Alaska, 42 millones de litros del crudo el 24 de marzo de 1989.
Dadas estas circunstancias los daños a las fuentes hídricas, suelos, aire, fauna y vegetación son prácticamente irremediables, pues los procesos de descontaminación no alcanzan a cubrir todas las áreas afectadas y se realizan mucho tiempo después de que el crudo ha penetrado el ecosistema.
Estas acciones también son condenadas por el Derecho Internacional Humanitario: "Lo que resulta prohibido por la normativa humanitaria es combatir empleando deliberadamente medios o métodos con los cuales se produzcan daños al entorno natural o cuyo resultado previsible sea la provocación de tales perjuicios" (Hans Blix, "Medios y métodos de combate", en: Las dimensiones internacionales del Derecho Humanitario, Ed. Tecnos, Madrid, 1990, p. 157).
En el caso particular de Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró: “las voladuras de oleoductos por parte de los grupos guerrilleros como infracciones al Derecho Internacional Humanitario, materializados en ataques indiscriminados contra los bienes civiles, cuyos efectos sobre la salud y supervivencia de la población civil y sobre la conservación de los recursos naturales son imposibles de restringir y de cuya utilización no puede desprenderse una ventaja militar clara y definida.
Los ecosistemas destruidos difícilmente serán recuperados y las aguas afectadas por más depuraciones que se le realicen no volverán a su estado natural. Y mientras estas acciones terroristas no se acaben las generaciones futuras no tendrán ni siquiera la opción de disfrutar un medio ambiente sano y tanta riqueza natural poco a poco se ira perdiendo. Así el panorama es bastante desalentador y de verdad se necesita de forma inmediata acciones de cambio, acciones de conservación y no simplemente intenciones. Tenemos ante nosotros un enorme reto y demasiados agentes con diferentes tipos de interés, y tristemente poco interés por velar por el patrimonio ambiental de los colombianos.
BIBLIOGRAFIA
RICR, n° 133, enero-febrero de 1996, pp. 60-62. Para el texto de la Declaración Final de la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra, véase RICR, n° 119, julio-agosto de 1993, pp. 398-402 y, para las Recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos para la Protección de las Víctimas de la Guerra, véase RICR, n° 127, enero-febrero de 1995, pp. 36-42.
A. Bouvier, «La protección del medio ambiente en período de conflicto armado», RICR, n° 108, noviembre-diciembre de 1991, pp. 603-616, y «Trabajos recientes sobre la protección del medio ambiente en período de conflicto armado», RICR, n° 114, noviembre-diciembre de 1992, pp. 585-599.
«Trabajos recientes sobre la protección del medio ambiente en período de conflicto armado» (nota 2), p. 599.
Véanse los artículos de A. Bouvier (nota 2) y el informe, más reciente, de H. P. Gasser, «For a better protecfion of the natural environment in armed conflict: a proposal for action», American Journal of International Law, 1995, vol. 89, pp. 637-644.
AG res. 49/50, de 9 de diciembre de 1994. Las Directrices figuran en anexo al documento de las Naciones Unidas A/49/323 (1994). Véase H. P. Gasser (nota 4).
Panorama actual de la región del Sumapaz. Fondo de Inversión para la paz. Vicepresidencia de la República de Colombia
Reichel, D. E. (1999). Cognopirateria y tráfico del conocimiento. Ciencias sociales en la Amazonía colombiana: guerra, etnicidad y conocimiento. Bogotá, Comisión Regional de Ciencia y Tecnología de la Amazonia: 143-201.
Hernández, S. Desconocimiento del potencial estratégico de la biodiversidad. Informe nacional sobre el estado de la biodiversidad. Tomo II. Instituto Alexander von Humboldt PNUMA, Ministerio del Medio Ambiente. Bogotá. 1997.
Información Ministerio de Defensa y Policía Nacional. 2005
